Tiempo de definiciones

El gobierno del presidente Ollanta Humala se acerca a su primer año en el poder en medio de un recrudecimiento de los conflictos medioambientales vinculados a la actividad minera. Este escenario surge en el contexto del tránsito ideológico experimentado por el gobierno de Humala, quien ganó las elecciones con el apoyo de la izquierda para luego ir deslizándose hacia la derecha política. La principal señal de este movimiento fue sin duda la decisión de blindar de mayores ajustes al esquema económico peruano -que teniendo el logro de haber dismuido la pobreza se mantiene dependiente del modelo primario exportador. Sin embargo, será la inminente reacción del gobierno nacionalista ante el descontento generado por el mal manejo de los recientes conflictos sociales lo que permitirá conocer, más allá de los parámetros izquierda-derecha, las reales dimensiones de su devenir ideológico. Los cambios son urgentes, sobre todo ahora que, según las encuestas, la desaprobación es por primera vez mayor que la aprobación presidencial.

Es cierto que la conflictividad vinculada a la intervención del medio ambiente es una herencia recibida del gobierno anterior -identificado con un manejo lamentable de las protestas sociales- y constituye asimismo un fenómeno de alcance global. Pero, por esto mismo, se trata de una problemática largamente debatida en el ambiente político pre y postelectoral peruano. Por ello, el reclamo que hoy la sociedad civil hace de una estrategia política con verdadera capacidad para conducir a buen puerto tanto la demanda de actividad minera como las reivindicaciones sociales y ambientales de las poblaciones intervenidas, es totalmente legítimo. La mayoría de la población ha reconocido hasta ahora una buena gestión presidencial en varios aspectos, como la disciplina económica, la promoción de la educación y la inversión en programas sociales. Pero la violencia desatada hace algunas semanas entre manifestantes y fuerzas del orden en la provincia cusqueña de Espinar -donde opera la productora de cobre Xstrata-, con el saldo de dos personas fallecidas, no puede ser tolerada.

Evidentemente, cada conflicto tiene una historia y una complejidad propia. Parte de ello es que en las expresiones de descontento popular puedan esconderse también agendas políticas que no siempre hacen justicia a las legítimas preocupaciones de los ciudadanos destinados a convivir con la minería. Esto, en un país como el Perú, con un frágil sistema de partidos y donde los intereses políticos son quizá tan múltiples como los niveles educativos o económicos, no representa lamentablemente ninguna sorpresa. Por el contrario, lo que sí es sorprendente es que luego de haber comenzado con un equipo de gestores más dialogante, el giro ideológico del gobierno nacionalista haya implicado también la priorización de los llamados “tecnócratas“ en la gestión ministerial, en vez de recurrir, salvo en contados cargos, a profesionales con habilidades políticas y sociales. La consecuencia ha sido una escasa capacidad en el conjunto del gobierno para conjugar la información científica sobre los debates medioambientales con una interpretación sin maximalismos de las motivaciones de las protestas, y para saber intervenir con espíritu democrático en el complejo juego de intereses de cada escenario político. De allí que las medidas, impulsadas por el hoy cuestionado primer ministro Óscar Valdez, no hayan podido abrir espacios de diálogo con las autoridades de las poblaciones descontentas. Y que tanto en Espinar como en el sonado caso del proyecto aurífero “Minas Conga“ (departamento de Cajamarca) se haya tenido que recurrir a fuertes medidas de represión, incluyendo la intervención de las fuerzas armadas.

En sí mismo, el debate político sobre la la decisión del presidente Humala de distanciarse de sus colaboradores de izquierda no significa una preocupación para el grueso de la población peruana. Pero si esto supone, además, dejar de incorporar al gobierno personas capaces de construir canales que lo conecten con las demandas sociales, el descontento puede llegar, como al final de los anteriores gobiernos, a niveles extremos. Se mantendría en el país una forma de enfrentar las demandas sociales que hasta ahora solo ha reforzado la violencia y la deslegitimizacion de la clase dirigente. El recuerdo de que el presidente Humala pasó a la segunda vuelta electoral con una promesa de reforma y de que, finalmente, ganó las elecciones luego de jurar respeto por la democracia, tendría que orientar las decisiones gubernamentales por venir. Ello supone ahora no sólo una seria evaluación de la eficiencia de las políticas para prevenir las decenas de conflictos sociales latentes en el país, sino la búsqueda de gestores y operadores políticos que además de tener buena voluntad comuniquen al gobierno no con sus temores o prejuicios, sino con las prioridades de la gente. No es una tarea fácil, pero esa es la gestión pública en una democracia.

————————

Foto tomada de aquí.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s