Libertad de prensa y libertad de empresa

concentraciondemedios

En una entrevista transmitida en cadena nacional el presidente peruano Ollanta Humala se pronunció a finales de diciembre sobre la denominada #ConcentraciónDeMedios, el acuerdo comercial efectuado entre los grupos periodísticos El Comercio y Epensa, por el que el primero compró la mayoría de acciones del segundo y con ello obtuvo el control empresarial de aproximadamente el 78% de la producción total de diarios peruanos, además de contar ya con una participación relevante en la televisión. Humala, respondiendo a la interrogante de una de sus entrevistadoras, calificó el hecho como una vergüenza para la libertad de expresión, anotando en una intervención posterior que el espacio idóneo para debatir este tema sería el Parlamento. En los sectores neoliberales las declaraciones del Presidente fueron recibidas como una amenaza de intervención gubernamental en el mercado de los medios de comunicación, y no han faltado quienes han visto en ellas al equivalente peruano del tipo de iniciativas emprendidas por los gobiernos de Venezuela, Ecuador y Argentina para regular la prensa. No se trata, sin embargo, del mismo escenario.

Es claro que la línea editorial del grupo El Comercio, identificada con los sectores conservadores de la sociedad peruana, no representa al imaginario político del gobierno actual. De hecho, en la segunda vuelta de la elección presidencial que dio como ganador a Humala, este grupo periodístico inclinó sus preferencias hacia Keiko Fujimori, manteniendo luego sus simpatías tanto del lado del fujimorismo como del partido aprista del expresidente Alan García. Sin embargo, la connotaciones políticas que la opinión de Humala sin duda tiene no han deslegitimado el cuestionamiento de un fáctico acaparamiento de la prensa escrita peruana por parte de un solo propietario. Habría que precisar más bien que la compra es inconstitucional, pues contradice al artículo 61 de la Constitución del Perú, el cual establece que: “La prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social, y, en general, las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación, no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa ni indirectamente, por parte del Estado ni de particulares.”

Quizá la mejor muestra de lo determinante que puede ser esta operación comercial para el ejercicio plural de la prensa en el Perú es el hecho de que ocho destacados periodistas, a quienes difícilmente podría acusarse de aversión al libre mercado, hayan interpuesto una demanda de “acción de amparo” ante el Poder Judicial, denunciando la inconstitucionalidad de la compra de Epensa por parte de El Comercio. Como lo señala la periodista y abogada Rosa María Palacios, firmante de la demanda, la ventaja con la que el Grupo El Comercio cuenta radica en que si bien la Constitución del Perú sanciona la concentración de cualquier medio, no existe para el caso específico de la prensa escrita una ley de desarrollo constitucional que establezca el límite a partir del cual una empresa comienza a acaparar el mercado. Corresponderá entonces al Poder Judicial encontrar y, de ser necesario, proponer al Legislativo una vía legal que asegure el cumplimiento del mandato constitucional. El camino es, pues, bastante largo, pero de ser recorrido con rigor jurídico podría constituir un caso referencial para la legislación de la prensa escrita en América Latina.

Es cierto, por otra parte, que el planteamiento del problema de la #ConcentraciónDeMedios fue liderado por el grupo periodístico La República, a quien, según la investigación del periodista Ricardo Uceda, El Comercio ganó la opción de compra de Epensa. Sin embargo, la participación de La República en la etapa de negociaciones de esta operación comercial no ha quitado sustento a su objeción de un resultado que la misma Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha interpretado luego como un “eventual riesgo” para el ejercicio de la libertad de prensa. Sí es de esperar que el conocimiento del estado actual de la propiedad de los medios en el Perú genere un debate que involucre también a la sociedad civil, evitando así que la discusión se reduzca al ámbito de los propietarios de empresas periodísticas o al de la clase dirigente. En este sentido, la intervención del presidente Humala ha contribuido a difundir el debate a escala nacional, pero es evidente que una instrumentalización política de la controversia sería perjudicial para la legitimidad del debate.

La discusión actual en torno de la #ConcentraciónDeMedios lleva a constatar que la generalidad de los principios constitucionales a veces puede permitir una diversidad de especulaciones sobre el alcance de sus mandatos. Para el caso presente, sin embargo, no existe interpretación de la Constitución que pueda validar este acuerdo comercial y al mismo tiempo garantizar el derecho de los ciudadanos a la pluralidad informativa de los medios que influyen en la formación de su opinión. El panorama internacional muestra, en este sentido, que no existe democracia avanzada donde la libertad de empresa no vea sus límites allí donde su ejercicio puede comprometer el sostenimiento de la vida democrática. Por otra parte, es claro que el fortalecimiento mismo de la libertad de prensa implica un mínimo de proporcionalidad entre las empresas periodísticas de cara al poder político y de cara a sus propias fuentes de financiamiento. Finalmente, conviene recordar que la existencia de un vacío legal en la reglamentación de un mandato constitucional no convierte su aprovechamiento en un acto de justicia.

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